Empecemos por el dato que lo cambia todo: la cita previa de extranjería no cuesta nada. Ni cinco euros, ni cincuenta, ni trescientos. Es un servicio público gratuito, se pide en la sede electrónica de la Administración y se emite a nombre de una persona concreta, con su documento. Gratuita, personal e intransferible. Si alguien te está pidiendo dinero por conseguirte una, te está vendiendo algo que ya es tuyo.
Y aun así el negocio existe y sigue creciendo. Hay gente pagando el equivalente a un mes de alquiler compartido por un hueco en una agenda pública. No por ingenuidad, sino porque llevan semanas entrando al portal a las ocho de la mañana y encontrándose siempre lo mismo: no hay citas disponibles. Cuando tienes un plazo encima y la puerta cerrada, doscientos euros dejan de parecer un disparate. Ese es el cálculo que estas redes explotan.
Qué está pasando exactamente
El sistema funciona con cupos. Cada oficina de extranjería libera un número limitado de huecos, y esos huecos se agotan en minutos. Hasta aquí, saturación administrativa. El giro está en quién se los queda.
Existen grupos organizados que utilizan programas automatizados contra el servidor de la administración para reservar citas de forma masiva en cuanto se liberan. No compiten contigo en igualdad de condiciones: una persona rellena un formulario en dos o tres minutos, un programa lo hace decenas de veces por minuto y sin descanso. Buena parte del cupo desaparece antes de que nadie real haya podido llegar. Después esas citas se revenden.
El 27 de noviembre de 2024 la Policía Nacional anunció el desmantelamiento de uno de estos grupos con 21 detenidos: 17 en Alicante, 3 en Valencia y 1 en Murcia. Los cargos son elocuentes sobre la naturaleza del asunto: daños informáticos, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal. Según la investigación, que arrancó a mediados de 2023, cada integrante llegaba a ingresar unos 9.000 euros al mes. No estamos hablando de una picaresca menor ni de un servicio de gestoría agresivo, sino de organizaciones que atacan un sistema público y trafican con el acceso a él. Puedes leer la nota completa en la web del Ministerio del Interior.
La operación no acabó con el fenómeno. El mercado sigue funcionando en TikTok, en grupos de WhatsApp, en páginas de Facebook. Y se ha extendido más allá de extranjería: también se revenden citas de Tráfico y del SEPE, como recogió este reportaje de Público. Donde hay una agenda pública saturada, aparece alguien dispuesto a cobrarte por entrar.
Por qué es ilegal: las tres palabras que importan
Gratuita, personal e intransferible. De esas tres palabras sale todo lo demás, así que conviene desmontarlas una a una.
Gratuita
Solicitar la cita no tiene coste. Sí existen tasas asociadas a algunos trámites (el modelo 790 código 012 es la más habitual, y se paga en el banco o telemáticamente, nunca a un particular), pero eso es la tasa del procedimiento, no la cita. Confundir ambas cosas es justo lo que buscan quienes te cobran: te enseñan un justificante de tasa y te hacen creer que ese pago es lo que has comprado.
Personal
La cita se emite con tus datos: tu NIE, TIE o pasaporte, tu nombre tal como figura en el documento, tu año de nacimiento. No es un ticket anónimo que se pueda ceder. Si alguien reservó un hueco con datos inventados o con los de otra persona para luego vendértelo, ese hueco no es utilizable por ti sin manipular algo. Ahí es donde entra el cargo de falsedad documental.
Intransferible
No se puede traspasar. Otra persona puede ayudarte materialmente a rellenar el formulario, y una gestoría o un abogado pueden actuar como tus representantes por los cauces oficiales; eso es legítimo. Lo que no existe es un mercado secundario de citas. Cuando llegas a la ventanilla, el funcionario comprueba que la cita corresponde a la persona que está delante. Si no cuadra, te vas a casa.
Cómo operan estas redes
El esquema es bastante consistente y conviene conocerlo para reconocerlo cuando lo tengas delante. No voy a entrar en detalles técnicos de cómo funcionan estos programas, por razones obvias, pero el circuito comercial es público y está documentado en las propias notas policiales.
- Acaparamiento automatizado. Programas que atacan el portal en el momento de la liberación de cupos y reservan todo lo que pueden, normalmente con datos falsos o reutilizados. El cupo se vacía en segundos.
- Escaparate en redes sociales. Vídeos en TikTok con capturas de justificantes, cuentas de Facebook con nombres genéricos del tipo «ayuda con trámites», grupos de WhatsApp donde se anuncian huecos por provincia y trámite.
- Intermediarios de proximidad. Esta es la parte más incómoda. La captación funciona muy a menudo dentro de la propia comunidad: un conocido, alguien del barrio, un contacto que te pasa un tercero. La confianza previa es parte del método.
- Cobro por adelantado y sin rastro. Bizum, transferencia a una cuenta a nombre de un particular, efectivo. Nunca factura, nunca contrato, nunca un nombre comercial verificable.
- Manipulación final. Para que la cita sirva, alguien tiene que modificar los datos con los que se reservó. De ahí que las causas judiciales incluyan falsedad documental además del acceso ilícito al sistema.
Cuánto cobran
Los importes que ha documentado la Policía Nacional en sus operaciones llegan hasta los 300 euros por cita. El precio no es fijo: sube con la desesperación. Las provincias más saturadas y los trámites con plazo legal encima se cotizan más caro. Lo que en Teruel no tiene mercado, en Madrid, Barcelona o Valencia se paga.
Trescientos euros es un mes de habitación, o la mitad de una nómina de jornada parcial, entregados a cambio de un servicio que la administración presta gratis. No es solo un fraude económico: es un fraude que se ceba con quien menos margen tiene.
Y hay una capa de daño colectivo. Cada cita acaparada por un programa automático es una cita que no pudo coger alguien que estaba delante de la pantalla a la hora exacta. La escasez que hace rentable el negocio la fabrica en parte el propio negocio.
Señales que delatan una estafa
Si estás valorando aceptar la ayuda de alguien, revisa esta lista antes de mover un euro. Cualquiera de estos puntos, por sí solo, es motivo suficiente para parar.
- Te piden dinero por la cita en sí. No por asesoramiento, no por revisar documentación: por el hueco. Eso ya es la señal definitiva, no hace falta más.
- Garantizan la cita. Nadie puede garantizar disponibilidad en un sistema público saturado. Quien lo promete, o miente, o tiene un método que no quieres tocar.
- Te la ofrecen para hoy o mañana en una provincia donde llevas semanas sin ver un solo hueco. Las matemáticas no salen solas.
- Piden tus datos completos por WhatsApp a una persona sin identificar: pasaporte, NIE, fecha de nacimiento, a veces fotos del documento. Además del fraude, estás entregando material para una suplantación de identidad.
- Cobran por adelantado por Bizum o transferencia a un particular, sin factura ni justificante con NIF de empresa.
- No hay identidad verificable. Ni nombre comercial, ni dirección, ni número de colegiado si dicen ser abogados. Solo un número de teléfono y un perfil.
- Meten prisa. Quedan dos plazas, es la última del mes, si lo piensas lo pierdes. La urgencia artificial es el ingrediente estándar de cualquier estafa.
- Te envían un enlace que no es el portal oficial. El de la Administración es icp.administracionelectronica.gob.es. Cualquier dominio parecido pero distinto es una imitación.
Un matiz importante para no meter a todo el mundo en el mismo saco: un abogado o una gestoría pueden cobrarte legítimamente por preparar tu expediente, revisar tu documentación o representarte. Es un trabajo profesional y tiene su precio. La línea está en qué se factura. Honorarios por asesoramiento, sí. Un peaje por acceder a una agenda pública, no.
Si ya has pagado
Primero, no te machaques. Quien cae en esto no es tonto: es alguien con un plazo encima y un sistema que lleva semanas diciéndole que no. La estafa está diseñada para ese momento exacto. Ahora, lo práctico:
- Guarda todo. Capturas de la conversación completa, el número de teléfono, el perfil de la red social, el justificante de la transferencia o el Bizum, el número de cuenta, el nombre que te dieron. No borres el chat aunque te dé apuro. Es tu prueba.
- Avisa a tu banco lo antes posible si el pago fue por transferencia. Las opciones de recuperación son limitadas y dependen del caso, pero cuanto antes lo notifiques, mejor. Con Bizum y con efectivo la recuperación es mucho más difícil.
- No sigas pagando. Un patrón habitual es pedir más dinero después: que si hay que cambiar algo, que si hubo un problema, que si hace falta un pago adicional para confirmar. Ese segundo cobro es parte del guion.
- No te presentes a una cita que sabes comprada. Si esa cita se reservó con datos que no son los tuyos, presentarte no arregla nada y puede complicarte. Pide la tuya por el canal oficial.
- Denuncia. Aunque no recuperes el dinero, la denuncia es lo que permite que estas redes se identifiquen y se desarticulen. Las 21 detenciones de Alicante, Murcia y Valencia salieron de investigaciones que empezaron en algún sitio.
Una preocupación razonable: mucha gente en situación irregular teme que denunciar la exponga. Es un miedo comprensible y no voy a minimizarlo. Si es tu caso, antes de dar el paso consulta con una asociación de apoyo al inmigrante, con el servicio de orientación jurídica gratuita de tu ayuntamiento o con un abogado. Te explicarán cómo hacerlo en tu situación concreta.
Cómo denunciar
Hay varias puertas de entrada y ninguna cuesta dinero:
- Teléfono 091, la Policía Nacional, para cualquier consulta o para orientarte sobre dónde presentar la denuncia.
- Comisaría presencial. Puedes acudir a cualquiera con la documentación y las pruebas que hayas guardado.
- Denuncia online en la sede electrónica de la Policía Nacional, válida para determinados tipos de delito. Si tu caso no encaja en las categorías del formulario, te derivará a la vía presencial.
- Guardia Civil (062) en localidades donde no haya comisaría de Policía Nacional.
Lleva todo ordenado: fechas, importes, capturas con el número de teléfono visible, el enlace al perfil o al vídeo. Cuanto más concreto sea el relato, más útil resulta. Y algo que se olvida: reportar el perfil dentro de la propia red social no sustituye a la denuncia policial, pero ayuda a que ese escaparate desaparezca antes.
Dónde se pide la cita gratis
El único sitio es el portal de cita previa de la Administración General del Estado: icp.administracionelectronica.gob.es. Eliges provincia, eliges trámite, te identificas con tu documento y, si hay huecos, confirmas. Al final recibes un justificante con un código que tendrás que llevar el día de la cita. Cero euros en todo el proceso.
Dos avisos que evitan disgustos. El primero: elegir mal el trámite es el motivo más frecuente de que te devuelvan en ventanilla después de haber esperado semanas. Si no tienes claro cuál te toca, repasa los tipos de cita de extranjería antes de reservar. El segundo: los datos se comparan carácter a carácter con tu documento. Una tilde de más, un apellido compuesto mal separado o un cero donde va una letra bastan para que el sistema rechace la solicitud.
Si el problema es que directamente no aparecen huecos, hay margen antes de rendirse: probar a distintas horas del día en lugar de solo a primera hora, comprobar si tu provincia tiene más de una oficina, revisar si tu trámite admite vía telemática. Lo hemos desarrollado en cómo conseguir cita en extranjería y, para el escenario más frustrante, en qué hacer cuando no hay citas.
Y si prefieres no vivir pegado al portal, en nuestra sección de citas de extranjería publicamos los reportes de disponibilidad de la comunidad por provincia y puedes activar un aviso para que te notifiquemos cuando aparezcan huecos en la tuya, incluida Murcia o Alicante. Es gratis, no reserva nada por ti y no toca el sistema de la administración: solo te avisa para que entres tú.
Esa distinción es la clave del asunto. Un aviso te informa; un revendedor te cobra por un hueco que bloqueó antes que tú. Lo primero es una herramienta, lo segundo es el problema.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta pedir cita previa de extranjería?
Cero euros. La cita es un servicio público gratuito. Lo que sí puede tener coste es el trámite en sí, mediante tasas oficiales como el modelo 790 código 012, que se abonan a la administración por los canales establecidos y nunca a un particular. Si alguien te cobra por el hueco, no estás pagando una tasa.
¿Es delito comprar una cita, o solo venderla?
Las causas conocidas se han dirigido contra quienes organizan y venden: los cargos que constan en la operación con 21 detenidos son daños informáticos, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal. La posición del comprador depende de las circunstancias de cada caso y de lo que aprecie el juzgado, así que no puedo darte una respuesta cerrada. Lo que sí es seguro es el riesgo práctico: pagas por algo gratuito, la cita puede resultar inválida y pierdes el dinero sin ninguna garantía.
Una gestoría me pide dinero por conseguirme la cita. ¿Es legal?
Depende de qué te esté cobrando. Un profesional puede facturarte legítimamente por asesorarte, preparar tu expediente, revisar tu documentación o representarte ante la administración. Lo que no cabe es un precio por el acceso a la agenda pública, ni una promesa de cita garantizada. Si el importe se justifica como «por la cita» y no por un trabajo profesional, mala señal. Pide siempre factura con NIF.
Me han pedido mi pasaporte y mi NIE por WhatsApp para reservar. ¿Qué hago?
No los envíes a alguien que no puedas identificar. Con esos datos se pueden reservar citas a tu nombre, y también usarse para suplantarte en otros contextos. Si ya los has mandado, guarda la conversación como prueba y valora denunciarlo. La reserva legítima la puedes hacer tú mismo en el portal oficial en unos minutos.
¿Los avisos de disponibilidad son lo mismo que la reventa?
No, y la diferencia es sustancial. Un servicio de aviso te notifica cuando se detecta o se reporta disponibilidad; la solicitud la haces tú, en el portal oficial, con tus datos y sin pagar por la cita. Una red de reventa bloquea huecos antes que nadie y te cobra por cederte uno. Uno te da información; el otro te vende el acceso.
¿Denunciar puede perjudicarme si estoy en situación irregular?
Es la duda que frena a mucha gente y no tengo una respuesta universal, porque depende de cada situación. Lo prudente es consultarlo antes con una asociación de apoyo al inmigrante, con el servicio de orientación jurídica gratuita de tu ayuntamiento o con un abogado de extranjería. Te dirán cómo plantearlo en tu caso concreto. Callar sale gratis a quien te estafó, así que merece la pena al menos preguntar.